La CUP ha denunciado este viernes un golpe más el que, según ellos, es un proceso creciente de privatización y «desmantelamiento» del sistema sanitario público catalán, y han puesto como casos paradigmáticos lo del Consorcio Sanitario de Lleida, los Planes Funcionales de Tarragona y lo Proyecto Cumbres de Girona. La diputada en el Parlamento Isabel Vallet ha lamentado que estos proyectos se hagan con «opacidad», de espaldas a la población, a los trabajadores públicos del Instituto Catalán de la Salud (EQUIS) y a los grupos opositores. Por eso, ha anunciado que traerán donde haga falta todos los proyectos que supongan que empresas privadas se beneficien de recursos públicos o que se empeore la calidad de la sanidad pública.
En una rueda de prensa al Parlamento, Vallet ha acusado la anterior consejera de Salud, Marina Geli, y el actual, Boi Ruiz, de basarse en informes de la consultora PricewaterhouseCoopers para «trocear» la EQUIS para hacerlo «eficiente económicamente» a cada territorio. Por eso, ha alertado a Ruiz que «si no cesa en el intento opaco y antidemocrático«, la CUP luchará en todos los frentes posibles, incluida la justicia penal, la Oficina Antifrau, el Síndico de Agravios, el Parlamento, los ayuntamientos, los comités de empresa, las manifestaciones a la calle o las cerradas en los centros de salud. Vallet ha reiterado su crítica a las «puertas giratorias continuas» entre el sector público y el privado y a los «favores políticos» que, según ella, comportan el nombramiento a dedo de gestores de nos público-privados.
Además, la formación quiere que tanto los trabajadores como los usuarios sean conscientes de las afectaciones futuras que pueden tener para ellos la unión de entidades públicas y privadas para gestionar la sanidad. Por eso, instalará meses informativas en las entradas de los centros sanitarios públicos y se reunirá con plataformas y sindicatos para animar a la lucha contra estos planes, que, según la CUP, supone crear una sanidad pública de baja calidad para los ciudadanos con menos recursos y una de mayor calidad y más rápida para los que pueden pagar mutuas, a pesar de que acaben utilizando los mismos equipamientos y profesionales.
Clara Griera, de la ‘Marea Blanca’ de Bellpuig (Urgell), ha denunciado que el Consorcio Sanitario de Lleida supone «vender gato por liebre», puesto que un ente teóricamente público y que tendrá financiación básicamente pública será gestionado a través del derecho privado. A pesar de que la EQUIS aporte prácticamente todo el presupuesto, tendrá menos de la mitad de los representantes al consejo de administración. Griera ha criticado que lo nos supondrá menos derechos laborales para sus trabajadores y que los propios estatutos del consorcio establecen que buscará la «rentabilidad económica» y empresarial en la gestión de la sanidad pública.
Xavier Milian, de la CUP de Reus, ha dicho que los llamados Planes Funcionales del Tarragonès y el Baix Penedès suponen más o menos el mismo que el Consorcio de Lleida, pero cambiándole el nombre para evitar la fuerte movilización contraria de las tierras de Ponente. Así, también ha criticado el «secretismo» con el cual se ha traído la cuestión, cosa que ha implicado que ni los propios trabajadores afectados sepan qué pasará exactamente con ellos. Justamente, Milian ha explicado que la unión de dos empresas públicas y una privada supondrá que trabajadores de empresas diferentes trabajen para las otras, cosa que ha calificado de «prestamisme laboral».
Anna Alcalà, sindicalista y enfermera del hospital Santa Caterina de Girona, también ha denunciado que su hospital, Josep Trueta y el Instituto de Asistencia Sanitaria de Girona (IAS) aplicarán para los pacientes un método de trabajo pensado para fábricas de coches.
Por otro lado, Isabel Vallet ha criticado que estos consorcios de salud público-privados permitan casos como los denunciados de pacientes que pagan 70 euros diarios a la sanidad pública para tener una habitación individual. También ha denunciado que finalmente el Departamento de Salud salga adelante el proyecto inicial de Vivo+, que supone vender a empresas privados datos sanitarios de los pacientes, supuestamente anónimas. Vallet ha dicho que en Inglaterra ya se ha demostrado que se pueden reidentificar los pacientes, y que esto da a las empresas que compran los datos la posibilidad de conocer enfermedades o tratamientos de los ciudadanos que pueden utilizar en beneficio suyo.
