Es muy fácil ganar notoriedad política manipulando cuestiones sociales que afectan la salud. Tan preciado es este bien y todo el que lo rodea, que mostrarse guardián de sus supuestas esencias públicas en el terreno de la política sanitaria tiene muchos beneficios potenciales y pocos costes para quienes se dedica. Poco a ganar gestionando pero mucho criticando. Y es que si se acierta con la crítica de precaución, temores y denuncias formuladas se obtienen réditos y notoriedad y, si se falla, los perjuicios acontecen perdonables por el exceso de celo consentido a las curaciones de una cosa tan valorada como la salud. En pocos días, tenemos dos ejemplos. El intento de frenar la actividad privada, por supuestas irregularidades -en ningún momento sustanciadas de 
momento-, y la frenada parece que definitiva del proyecto VIVO+ (obtener financiación pública del gran banco de datos que permite la utilización ciudadana de los servicios sanitarios). Las dos medidas, ninguno de las cuales evaluada, las han vendido los supuestos defensores de la sanidad pública como precautòries, y han sacado el esperpento de la privatización de los servicios, de hacer negocio con los pacientes o con sus datos. En un caso, pero, el que se está haciendo es favorecer efectivamente la sanidad privada, que veía la pública, con prestaciones privadas separadas, como una competidora. Enhorabuena, pues, a quien lo ha hecho en defensa declarada de la sanidad pública.
La gran hipocresía
Si se sale adelante, se habrá, además, aumentado el déficit público, puesto que la institución pública no podrá contar con aquellos ingresos para sufragar sus costes, que dependen si no de las cuentas de la Generalitat. Y los que lo han propuesto dirán que así han defendido el contribuyente! Fantástico. Si se retira finalmente el proyecto VIVO+, el de los datos, se habrá consumado la gran hipocresía de partidos políticos y representantes expertos que dicen en privado el que después no dicen en público para no perder votos ante quienes la ha dicho más gorda en un tema que a menudo desconocen. Lo habrán hecho para proteger la ciudadanía, pero a la práctica habrán sembrado alarmas para preservar el statu quo. Haciéndolo, se habrá aceptado explícitamente la incapacidad de la gestión pública para hacer frente a nuevos retos. Un sector público que, por el que en resulta, no debe de saber regular el manejo de datos manteniendo la confidencialidad, o garantizar desde un patronato público el interés social. Bajo la sospecha del gestor corrupto, bienvenido sea pues el administrador político. Con un sector privado que así saca pecho de competencia y savoir faire, respecto de un sistema que mantiene las instituciones públicas ligadas de manso y pies, mientras las corporaciones lo parasitan. Si todo esto acaba pasando, se habrá demostrado una vez más que a quien tiene que mantener el rumbo de la política sanitaria de un país le tiembla el polos y es capaz de sacrificar el trabajo de sus empleados y cuadros de dirección a toque de corneta. Finalmente, la situación habrá evidenciado como algunos de aquellos directivos se avienen sumisos, comportándose como administradores, adversos a los riesgos políticos; eso sí, a precio de gestores cualificados. Así no se construye un país serio y una administración fuerte para los tiempos que vienen. En favor del estado del bienestar, hoy menos que nunca podemos estar junto a sus entusiastas.
